- Más vale poner una tirita en la herida que una venda fuera de ella
- La seguridad de nuestra organización viene determinada por la seguridad del eslabón más débil.
Blog de ABAST sobre Gestión de TI, Seguridad TI y otros aspectos de la calidad de las TIC
Esta herramienta gratuita pretende ayudar a las administraciones a realizar los trámites necesarios para la notificación de sus ficheros. Desde el pasado 9 de Marzo está disponible a través de la web de la Agencia Española de Protección de Datos.
La normativa actual de protección de datos establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de titularidad pública debe realizarse por medio de una disposición general publicada en el BOE o en el Diario Oficial pertinente. Sin embargo, resultaba frecuente la aparición de dudas sobre qué información se debía incluir en este tipo de disposiciones.
Mediante la aplicación “DISPONE” la AGPD pretende ayudar a las administraciones públicas a generar estas comunicaciones. Solamente es necesario ir introduciendo cierta información relativa a la identificación de la propia administración, y del procedimiento a realizar (inscripción, modificación o supresión de ficheros), y automáticamente genera un documento con toda la información que la administración debería incluir en su comunicado.

Sí, he de admitirlo, los proyectos de seguridad son los que más me hacen disfrutar. Además, durante estos años de consultor, he tratado con muchos CISOs (Chief Information Security Officer) y me fascina el rol que juegan en la organización. Su trabajo es una continua partida de ajedrez… yo muevo mi ficha, el ciberdelincuente mueve la suya y así sucesivamente…pero… ¿Quién gana la partida?
Es precisamente a la hora de responder a esta pregunta donde quiero profundizar. La seguridad es dinámica ya que el mapa de amenazas, los tipos de ataques, los riesgos y la tecnología avanzan constantemente y el CISO siempre debe anticiparse a este avance para ir mejorando la seguridad de los sistemas de negocio. Para mejorar la seguridad, el CISO pedirá fondos a la Alta Dirección para llevar a cabo sus estrategias y poder mover “su ficha”.
Es aquí donde entra en juego el parámetro clave: La credibilidad.
Pueden darse dos casos:
Ésta, precisamente, es la encrucijada con la que se encuentra el CISO en la organización, con su credibilidad como factor clave, sabiendo que en el dinamismo de la seguridad la ausencia de incidentes juega por un lado en su contra (aparentemente es seguro lo que no lo es tanto y la inversión puede parecer como no prioritaria) y por otro lado a su favor, reflejando que su trabajo es “tan bueno” que los incidentes no se materializan.
Es clave, por tanto, la conciencia de seguridad en la Alta Dirección y el conocimiento de que la seguridad es un proceso dinámico que si se para es más vulnerable. Es necesario hacerle ver a la Dirección que la seguridad no solo se valora como buena o como mala en función de lo que pase sino también de lo que podría pasar y no pasa. Para ello, he ayudado a muchos CISO a crear esa conciencia y ese conocimiento en las organizaciones a través de la exposición de los nuevos riesgos o brechas que se están presentando en empresas similares y de las que no se es consciente. Esta exposición significa “poner en el tejado” de la Dirección la siguiente cuestión: ¿Estáis dispuestos a asumir estos nuevos escenarios de riesgo?
Es esta pregunta la que gana, casi todas las veces, la partida.Analizando las primeras noticias que aparecieron en la prensa, una empresa podía pensar que a partir de ahora era posible tratar los datos de las personas a su antojo, sin que ello supusiera incumplir con la normativa aplicable en materia de protección de datos. Sin embargo, para tranquilidad de muchos y perjuicio de otros este hecho es totalmente falso, basta con leer cómo queda el famoso artículo 10 del Real Decreto 1720/2007 tras la sentencia del Tribunal Supremo.
Sin pretender entrar en temas demasiado técnicos, cabe desmentir de forma categórica las noticias que han aparecido, continúa siendo necesario contar con el consentimiento de las personas para cualquier tratamiento de sus datos de carácter personal. Lo único cierto del tema es que se ha eliminado una de las condiciones necesarias para constituir una excepción a dicha norma general, que establecía que dichos datos debían figurar en fuentes accesibles al público.
Más allá del contenido del artículo anulado, lo importante es saber que para que no sea necesario el consentimiento del afectado, deben coincidir una serie de restricciones que continúan siendo válidas, y que correspondientes al artículo 10.2.a). Básicamente exigen que dicho tratamiento esté amparado por una norma con rango de ley o de derecho comunitario, que corresponda al interés legítimo del responsable del tratamiento o cesionario (no basta con alegar interés comercial), y siempre que este interés no prevalezca a los derechos fundamentales de las personas (tales como el honor de las personas y su intimidad).
De hecho, la propia Agencia Española de Protección de Datos ya publicó una nota informativa donde analizaba este hecho, dejando claro su posicionamiento al respecto, incluso antes de que se pronunciase el propio Tribunal Supremo. La propia Agencia establece que atendiendo a las restricciones que permanecen vigentes, la sentencia no supone una modificación sustancial a los principios de la protección de datos de carácter personal.
Con todo ello es fácilmente comprobar que los titulares que se sucedieron a raíz de la mencionada sentencia partían de un análisis erróneo o exagerado y que en la práctica dicha sentencia no afecta sustancialmente a la mayoría de tratamientos que puedan realizarse.